Habitar el futuro: la Vivienda como semilla del Bien Común

Durante demasiado tiempo, España ha confundido el acceso a la vivienda con la oportunidad de invertir. La casa —ese espacio íntimo y vital donde debería florecer la vida personal, familiar y comunitaria— fue transformada en un activo financiero, un instrumento de acumulación y especulación que hoy fractura nuestra sociedad. La realidad actual en España, en contra de lo que ocurre en Europa, es que hay un ínfimo 2% de stock inmobiliario fuera de la lógica del mercado, lo cual es imposible que condicione lo que ocurra con el 98% restante.

La vivienda ya no es solo un hogar, sino un activo financiero.
Como explica Jaime Palomera (1), lo que alguna vez fue un derecho universal se convirtió en un tablero amañado de Monopoly: unos pocos acumulan propiedades mientras la mayoría paga alquileres imposibles o permanece atrapada en hipotecas interminables. Este proceso no es una desviación, sino el resultado directo de un modelo político que, durante décadas, incentivó la compra, la desregulación (mejor dicho, la regulación a favor de intereses asociales) y la especulación con el suelo. La llamada “sociedad de propietarios” se presentó como símbolo de progreso; en realidad, fue el preludio de una sociedad dividida entre quienes heredan vivienda (o tienen soporte financiero familiar) y quienes solo heredan deuda.

El mercado no es libre ni neutro.
El discurso dominante insiste en que bastaría con construir más para resolver el problema. Sin embargo, los datos desmienten esa narrativa: España tiene más de 550 viviendas por cada 1.000 habitantes y, al mismo tiempo, millones de personas no pueden acceder a un hogar digno. No falta vivienda; sobra especulación. Las leyes fiscales, urbanísticas y financieras han sido moldeadas para favorecer a los propietarios, a los grandes fondos y a quienes tratan la vivienda como mercancía. Los incentivos públicos, las deducciones fiscales y las ayudas al alquiler acaban nutriendo las rentas del capital inmobiliario. El Estado, lejos de neutralizar el problema, lo ha subvencionado.

El rentismo genera desigualdad.
El sistema actual no produce bienestar, sino dependencia. Los beneficios de la propiedad se concentran en una minoría, mientras la mayoría destina más del 40% de sus ingresos a pagar un alquiler o una hipoteca. La renta inmobiliaria no crea riqueza: la extrae del trabajo ajeno. Es una forma de desigualdad que atraviesa generaciones y territorios, y que impide a las personas jóvenes emanciparse o fundar proyectos de vida autónomos. Cuando heredar una vivienda se convierte en el principal factor de estabilidad, el mérito, el esfuerzo y la igualdad de oportunidades dejan de tener sentido.
El rentismo no solo empobrece a las familias; debilita la democracia. Una ciudadanía sin seguridad habitacional es más vulnerable, más endeudada y menos libre. La casa, convertida en mercancía, se convierte también en un instrumento de control social y exclusión económica.

Existen alternativas reales.
El derecho a la vivienda no es una utopía. Ciudades como Viena, Ámsterdam o Singapur han demostrado que es posible garantizar hogares asequibles y estables cuando una parte significativa del parque de vivienda —entre el 30% y el 60%— está fuera del mercado. En esos contextos, el precio del alquiler no lo marca la especulación, sino la función social del bien. España, con apenas un 2% de vivienda pública, no puede regular un mercado dominado por la lógica del lucro, la vivienda debe convertirse en un bien con finalidad de beneficio público. Como recuerda Javier Burón (2), con un tercio del parque bajo gestión pública o cooperativa es posible contener precios, generar igualdad y ofrecer seguridad habitacional a largo plazo.

También aquí existen experiencias inspiradoras: las cooperativas en cesión de uso, los proyectos de cohousing (3), las redes de rehabilitación comunitaria o los fondos de suelo público que algunos municipios han comenzado a recuperar. Estas iniciativas, aunque todavía marginales, señalan un horizonte posible: un modelo donde la vivienda no sea propiedad de unos pocos, sino recurso común gestionado con criterios de sostenibilidad, equidad y participación.

La solución pasa por cambiar las reglas.
Para transformar la vivienda en un bien común, no basta con medidas paliativas. Es necesario reescribir las reglas del juego en tres niveles: fiscal, institucional y cultural.

Reforma fiscal estructural.
Eliminar los privilegios de los grandes tenedores, fondos de inversión y SOCIMI; gravar la vivienda vacía y la acumulación especulativa; y redirigir las ayudas públicas hacia el alquiler social y cooperativo. La fiscalidad debe premiar el uso social y penalizar la inactividad del capital inmobiliario.
Política pública sostenida y democrática.
Crear un parque público y cooperativo de al menos el 20% del total nacional antes de 2035. Prohibir la descalificación de vivienda protegida y la venta de suelo público. Financiar este parque con un fondo estatal estable, alimentado por impuestos sobre plusvalías urbanas y transacciones especulativas. No se trata de gastar más, sino de invertir mejor.
Democratización del urbanismo.
La planificación del territorio no puede seguir subordinada a intereses privados. Las comunidades deben tener voz en la definición de su entorno urbano: decidir qué se construye, para quién y con qué finalidad. Los comités ciudadanos, los sindicatos de inquilinas y las cooperativas de vivienda deben ser actores legítimos del sistema habitacional.
Protección efectiva contra el desahucio y el acoso inmobiliario.
Ninguna persona debe ser expulsada de su hogar sin alternativa habitacional. Es imprescindible reforzar los servicios públicos de mediación, la justicia social y la penalización del acoso inmobiliario. Los derechos no pueden depender de la solvencia.
Cambio cultural y educativo.
Recuperar la idea de que la vivienda es un bien de uso, no de especulación. Promover la educación en derechos urbanos, la economía del bien común y la cultura de la cooperación. El hogar no es solo un espacio privado: es un nodo de vida comunitaria y un componente esencial del tejido democrático.

Hacia una infraestructura social de vivienda
Si algo demuestran las experiencias europeas es que la vivienda puede ser una de las infraestructuras más rentables socialmente. Una vez construido un parque público robusto, su mantenimiento resulta mucho más barato (Austria/Viena) que las ayudas perpetuas al alquiler privado. Privatizar sale caro (Reino Unido con Thatcher); garantizar derechos es sostenible.

España necesita una infraestructura habitacional comparable a sus redes de salud o educación. Un sistema estable, descentralizado y transparente, que garantice seguridad residencial y reduzca las desigualdades territoriales. Un modelo en el que los municipios puedan movilizar vivienda vacía, rehabilitar edificios abandonados y fomentar cooperativas sin perder titularidad pública del suelo (4).

Conclusión: de la vivienda como mercancía a la vivienda como bien común
El problema de la vivienda no es técnico: es político. No se trata de construir más, sino de redistribuir mejor. No de desregular, sino de recuperar la función social de la propiedad. No de premiar al inversor, sino de proteger a la persona.
Reclamar la vivienda como derecho no es un gesto radical: es una exigencia democrática. Una sociedad en la que el hogar depende de la herencia o del crédito no es una sociedad libre. Garantizar el acceso a una vivienda digna, asequible y sostenible es condición para cualquier democracia real.
Es hora de cerrar el ciclo del rentismo y abrir una nueva era del bien común. La vivienda no debe ser la fuente de nuestras desigualdades, sino el punto de partida de una convivencia justa, ecológica y solidaria.

Autor:
Juan Manuel Martín EBC-Valladolid

Apoyos:
Tomás García Álvarez EBC-Asturias
José Luis Sánchez Alcalde de Miranda de Azán “primer municipio del Bien Común”
Prudencio López Vicedo EBC-Valencia
José Carlos Hernández González, Presidencia Asociación Canaria de la EBC y Canarias Cohousing
Andrés Moya Velázquez EBC-Madrid
Adela Suñer Ollé EBC-Barcelona
José Luis Meri Viladomat EBC-Valencia
Fernando Moreno Bernal EBC-Cádiz
Luis Campos Saavedra EBC-Alicante
Alicia Hernando Delgado EBC-Canarias